(Artículo a raíz de los ataques partidarios y mediáticos de la derecha peruana neoliberal)
Nicolás Lynch (*)
Fuente: Diario La República
En los últimos días los voceros de la derecha peruana, tanto partidarios como mediáticos, están difundiendo la especie de que lo que se juega en esta elección es el porvenir de la democracia, asumiéndose ellos como defensores de la misma y señalando a Ollanta Humala como su potencial destructor. Nada más falso, el dilema no es Humala o anti-humala. Como lo hemos señalado los socialistas desde un primer momento la opción es entre el continuismo neoliberal autoritario, inaugurado el cinco de abril de 1992, y el camino de la transición democrática frustrado por el gobierno de Toledo a inicios de esta administración.
Asumir lo que existe como una democracia establecida es un craso error. Lo que tenemos hoy en el Perú es una democracia precaria que alberga una república de privilegios donde el poder lo tienen unos cuantos que entienden al régimen político como un reparto de prebendas. Este orden tiene una raíz colonial pero fue afirmado como la forma de manejo del Estado por la dictadura de Fujimori y Montesinos en la década pasada y no ha sido desmontado por el actual gobierno.
La tarea entonces es retomar el camino de la transición democrática para constituir una república distinta, que deje de lado la política como un reparto de prebendas y dé paso a un orden participativo, donde los ciudadanos no sólo elijamos a nuestros representantes cada cinco años sino también podamos tomarles cuentas del cumplimiento de sus funciones y tener parte en la toma de las decisiones que nos competen.
La derecha se calla la boca en todos los idiomas cuando hablamos de la república de privilegios que los beneficia y prefiere identificar a la democracia con sus derechos de propiedad señalando a cualquiera que no le siga el amén como un potencial expropiador de todo lo que exista sobre el planeta. En realidad lo que están defendiendo es la situación abusiva que venía de antiguo, pero que sacralizaron Fujimori y Montesinos con el golpe del cinco de abril y que Toledo se ha encargado de proteger.
Esto se expresa en los contratos de explotación de nuestros recursos naturales contrarios a los intereses del país, donde Camisea es el ejemplo de la hora, en los contratos de privatización y concesión que sólo se revisan a gusto del inversionista, en la cárcel que constituyen las AFPs para cientos de miles de pensionistas que no pueden disponer libremente de sus fondos, en las tarifas públicas por encima de cualquier promedio y puestas al antojo de unos cuantos extranjeros, en las exoneraciones tributarias de las que gozan los amigos del poder y la negativa a pagar regalías por parte de algunos de estos grandes.
¿Podrían suceder estos abusos en un Estado de derecho que fuera realmente tal? Indudablemente que no. Suceden aquí porque el régimen político permite que unos pocos se burlen de los demás y asalten cuando les dé la gana las arcas públicas. Con esto es con lo que tenemos que terminar para que podamos establecer una democracia que sea verdaderamente tal, contra la que nadie se atreva a levantarse cualquiera sea su origen político o social. Por eso los socialistas planteamos un Perú para todos, sin exclusiones ni privilegios, en el que el Estado sirva para proteger y promover los intereses colectivos y no los de tal o cual potentado.
Este es para nosotros el dilema del momento actual. Somos conscientes de que no tenemos la fuerza suficiente para llevar adelante solos estas banderas y estamos dispuestos a impulsarlas junto con todos los peruanos ajenos al abuso neoliberal y al clientelismo sindical o político, siempre y cuando muestren una trayectoria limpia de sangre y dinero ajenos. Nada menos es lo que nos demanda el Perú en la hora actual.
(*) Columnista colaborador del diario La República.
Nicolás Lynch (*)
Fuente: Diario La República
En los últimos días los voceros de la derecha peruana, tanto partidarios como mediáticos, están difundiendo la especie de que lo que se juega en esta elección es el porvenir de la democracia, asumiéndose ellos como defensores de la misma y señalando a Ollanta Humala como su potencial destructor. Nada más falso, el dilema no es Humala o anti-humala. Como lo hemos señalado los socialistas desde un primer momento la opción es entre el continuismo neoliberal autoritario, inaugurado el cinco de abril de 1992, y el camino de la transición democrática frustrado por el gobierno de Toledo a inicios de esta administración.
Asumir lo que existe como una democracia establecida es un craso error. Lo que tenemos hoy en el Perú es una democracia precaria que alberga una república de privilegios donde el poder lo tienen unos cuantos que entienden al régimen político como un reparto de prebendas. Este orden tiene una raíz colonial pero fue afirmado como la forma de manejo del Estado por la dictadura de Fujimori y Montesinos en la década pasada y no ha sido desmontado por el actual gobierno.
La tarea entonces es retomar el camino de la transición democrática para constituir una república distinta, que deje de lado la política como un reparto de prebendas y dé paso a un orden participativo, donde los ciudadanos no sólo elijamos a nuestros representantes cada cinco años sino también podamos tomarles cuentas del cumplimiento de sus funciones y tener parte en la toma de las decisiones que nos competen.
La derecha se calla la boca en todos los idiomas cuando hablamos de la república de privilegios que los beneficia y prefiere identificar a la democracia con sus derechos de propiedad señalando a cualquiera que no le siga el amén como un potencial expropiador de todo lo que exista sobre el planeta. En realidad lo que están defendiendo es la situación abusiva que venía de antiguo, pero que sacralizaron Fujimori y Montesinos con el golpe del cinco de abril y que Toledo se ha encargado de proteger.
Esto se expresa en los contratos de explotación de nuestros recursos naturales contrarios a los intereses del país, donde Camisea es el ejemplo de la hora, en los contratos de privatización y concesión que sólo se revisan a gusto del inversionista, en la cárcel que constituyen las AFPs para cientos de miles de pensionistas que no pueden disponer libremente de sus fondos, en las tarifas públicas por encima de cualquier promedio y puestas al antojo de unos cuantos extranjeros, en las exoneraciones tributarias de las que gozan los amigos del poder y la negativa a pagar regalías por parte de algunos de estos grandes.
¿Podrían suceder estos abusos en un Estado de derecho que fuera realmente tal? Indudablemente que no. Suceden aquí porque el régimen político permite que unos pocos se burlen de los demás y asalten cuando les dé la gana las arcas públicas. Con esto es con lo que tenemos que terminar para que podamos establecer una democracia que sea verdaderamente tal, contra la que nadie se atreva a levantarse cualquiera sea su origen político o social. Por eso los socialistas planteamos un Perú para todos, sin exclusiones ni privilegios, en el que el Estado sirva para proteger y promover los intereses colectivos y no los de tal o cual potentado.
Este es para nosotros el dilema del momento actual. Somos conscientes de que no tenemos la fuerza suficiente para llevar adelante solos estas banderas y estamos dispuestos a impulsarlas junto con todos los peruanos ajenos al abuso neoliberal y al clientelismo sindical o político, siempre y cuando muestren una trayectoria limpia de sangre y dinero ajenos. Nada menos es lo que nos demanda el Perú en la hora actual.
(*) Columnista colaborador del diario La República.
