(Artículo sobre las consecuencias de la política económica neoliberal en el Perú)
Agustín Haya de la Torre (*)
Fuente: Diario La República
Cuando un ciudadano se da cuenta de que nuestra gasolina resulta la más cara de América Latina o que nuestro gas es vendido a los chilenos un tercio más barato de lo que se paga en Lima, percibe que algo extraño pasa con nuestra maravillosa economía. Lo mismo sucede cuando los mototaxistas tienen que pagar tres veces más que un chofer particular por el Soat y 50% más que un taxi regular. Si seguimos con los ejemplos, veremos que estos abundan. Las tarifas telefónicas están entre las más elevadas de la región, lo mismo que las eléctricas y el agua que se encarece permanentemente.
Sin embargo, cuando alguien se atreve a criticar esta situación, los neoliberales saltan hasta el techo y nos enrostran la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de las exportaciones. Algo así como que si esos indicadores van bien, los privados tienen patente de corso para cobrar lo que les dé la gana.
Tras quince años de repetir el libreto es evidente que la gente ya se cansó de la incoherencia. ¿Cómo es eso de que la economía está muy bien mientras la pobreza crece? Los adoradores del libre mercado creen que han convencido a todos de que es lógico que los ricos se enriquezcan más y los pobres, como buenos "perdedores", sigan igual o peor.
No puede existir una economía sana con más de la mitad de la población en situación de pobreza. En ello tienen que ver no sólo las distorsiones estructurales de nuestro sistema productivo, sino que buena parte es responsabilidad de la expoliación que mediante precios altos y tarifas absurdas es determinada por un puñado de grandes empresas, promovidas y amparadas por los gobiernos de los últimos quince años.
¿Quién ha decidido que decenas de miles de mototaxistas, el transporte más humilde y barato de la ciudad, paguen 112 dólares por el Soat? Pues tres o cuatro empresas que controlan el mercado ante la complacencia del gobierno. ¿Quién determina las enredadas tarifas de la Telefónica y sus argumentos churriguerescos, supuestamente "técnicos", para cobrar la renta básica que les da la gana? Pues ellos mismos, ante la negligencia cómplice de los organismos reguladores. ¿Quién firmó el contrato de Camisea que permite que el mismo gas cueste menos en el sur? El gobierno del señor Toledo.
El mismo razonamiento lo aplican para impedir que el puerto de El Callao se modernice. Se las han ingeniado para que durante todos estos años no se puedan comprar las grúas pórtico que se necesitan con urgencia. Mientras tanto, sus publicistas nos machacan día tras día por los altos costos que ellos impiden bajar. Algo semejante pasa con la modernización de la refinería de Talara, trabada hasta el día de hoy, o con la construcción de Marca II, casos en los que el ciudadano binacional que detenta la cartera de Economía obstaculiza por todos los medios.
Tales criterios se aplicaban también para condenar a cadena perpetua a los afiliados a los fondos privados de pensiones, así las empresas los hayan engañado vilmente y no cubran sus expectativas al momento de jubilarse con su propio dinero.
A estos mismos personajes que manejan la economía en tándem desde hace tres lustros, les brotan las lágrimas cada vez que algún sector social arranca algún pequeño aumento. En cambio salen presurosos a justificar el obsequio de 20 millones de soles a un poderoso empresario de la televisión, pagado en un cheque que ni siquiera sale a nombre de la empresa sino a título personal (¿para repartirlo con alguien?)
Es el mismo razonamiento que escuchamos cuando justifican el pago de centenares de millones de dólares a los bancos quebrados o cuando nos avisan que está pendiente la garantía con que el dictador Alberto Fujimori cubrió la quiebra del Banco Wiese.
Todas estas situaciones no son fruto de la casualidad sino el resultado de la prepotencia del dinero que se consagró con la carta fujimorista de 1993. Tarea vital en este contexto es sacar esta situación a luz, porque refleja con claridad el agotamiento de un modelo que nos asfixia y nos empobrece pero que la derecha quiere perdurar. Reivindicar la presencia del estado democrático en la regulación social del mercado es una opción de fondo que tiene que ver con nuestro destino. Si queremos que gane el Perú, primero tiene que ganar el pueblo.
(*) Miembro Colaborador del Comité Editorial del diario La República.
Agustín Haya de la Torre (*)
Fuente: Diario La República
Cuando un ciudadano se da cuenta de que nuestra gasolina resulta la más cara de América Latina o que nuestro gas es vendido a los chilenos un tercio más barato de lo que se paga en Lima, percibe que algo extraño pasa con nuestra maravillosa economía. Lo mismo sucede cuando los mototaxistas tienen que pagar tres veces más que un chofer particular por el Soat y 50% más que un taxi regular. Si seguimos con los ejemplos, veremos que estos abundan. Las tarifas telefónicas están entre las más elevadas de la región, lo mismo que las eléctricas y el agua que se encarece permanentemente.
Sin embargo, cuando alguien se atreve a criticar esta situación, los neoliberales saltan hasta el techo y nos enrostran la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de las exportaciones. Algo así como que si esos indicadores van bien, los privados tienen patente de corso para cobrar lo que les dé la gana.
Tras quince años de repetir el libreto es evidente que la gente ya se cansó de la incoherencia. ¿Cómo es eso de que la economía está muy bien mientras la pobreza crece? Los adoradores del libre mercado creen que han convencido a todos de que es lógico que los ricos se enriquezcan más y los pobres, como buenos "perdedores", sigan igual o peor.
No puede existir una economía sana con más de la mitad de la población en situación de pobreza. En ello tienen que ver no sólo las distorsiones estructurales de nuestro sistema productivo, sino que buena parte es responsabilidad de la expoliación que mediante precios altos y tarifas absurdas es determinada por un puñado de grandes empresas, promovidas y amparadas por los gobiernos de los últimos quince años.
¿Quién ha decidido que decenas de miles de mototaxistas, el transporte más humilde y barato de la ciudad, paguen 112 dólares por el Soat? Pues tres o cuatro empresas que controlan el mercado ante la complacencia del gobierno. ¿Quién determina las enredadas tarifas de la Telefónica y sus argumentos churriguerescos, supuestamente "técnicos", para cobrar la renta básica que les da la gana? Pues ellos mismos, ante la negligencia cómplice de los organismos reguladores. ¿Quién firmó el contrato de Camisea que permite que el mismo gas cueste menos en el sur? El gobierno del señor Toledo.
El mismo razonamiento lo aplican para impedir que el puerto de El Callao se modernice. Se las han ingeniado para que durante todos estos años no se puedan comprar las grúas pórtico que se necesitan con urgencia. Mientras tanto, sus publicistas nos machacan día tras día por los altos costos que ellos impiden bajar. Algo semejante pasa con la modernización de la refinería de Talara, trabada hasta el día de hoy, o con la construcción de Marca II, casos en los que el ciudadano binacional que detenta la cartera de Economía obstaculiza por todos los medios.
Tales criterios se aplicaban también para condenar a cadena perpetua a los afiliados a los fondos privados de pensiones, así las empresas los hayan engañado vilmente y no cubran sus expectativas al momento de jubilarse con su propio dinero.
A estos mismos personajes que manejan la economía en tándem desde hace tres lustros, les brotan las lágrimas cada vez que algún sector social arranca algún pequeño aumento. En cambio salen presurosos a justificar el obsequio de 20 millones de soles a un poderoso empresario de la televisión, pagado en un cheque que ni siquiera sale a nombre de la empresa sino a título personal (¿para repartirlo con alguien?)
Es el mismo razonamiento que escuchamos cuando justifican el pago de centenares de millones de dólares a los bancos quebrados o cuando nos avisan que está pendiente la garantía con que el dictador Alberto Fujimori cubrió la quiebra del Banco Wiese.
Todas estas situaciones no son fruto de la casualidad sino el resultado de la prepotencia del dinero que se consagró con la carta fujimorista de 1993. Tarea vital en este contexto es sacar esta situación a luz, porque refleja con claridad el agotamiento de un modelo que nos asfixia y nos empobrece pero que la derecha quiere perdurar. Reivindicar la presencia del estado democrático en la regulación social del mercado es una opción de fondo que tiene que ver con nuestro destino. Si queremos que gane el Perú, primero tiene que ganar el pueblo.
(*) Miembro Colaborador del Comité Editorial del diario La República.
