(Artículo sobre conflictos sociales y contaminación ambiental debido a la actividad minera)
P. Marco Arana Zegarra (*)
Fuente: Diario La República
En el gobierno que termina, la minería ha sido la actividad estrella de las exportaciones: más del 55% de las mismas se explican por el incremento de la producción del sector. A su vez, la subida de los precios de los metales en el mercado internacional ha dado rentas fabulosas a las empresas mineras. Sin duda, el crecimiento de las exportaciones debido a esta actividad es uno de los logros del régimen de Alejandro Toledo.
Sin embargo, algo ha ocurrido en el otro lado de la medalla. Los conflictos sociales más intensos que ha vivido el país en los últimos años (Tambogrande, Quilish, La Zanja, Tintaya, Majaz, La Oroya, etc.) han ocurrido en torno a la minería. Como ha reconocido el estudio del Banco Mundial ‘Riqueza y Sostenibilidad: Dimensión Ambiental y Social de la Minería en el Perú’ (Abril 2005): “La minería ve frenada sus expectativas de desarrollo en el país debido, principalmente, a los conflictos sociales generados por el daño al medio ambiente, por un lado, y por las limitaciones en el uso y distribución de los ingresos que deja, por el otro”.
Esta constatación puede extenderse al problema del gas de Camisea, donde los daños ambientales (daños que se han incrementado por las múltiples roturas del gasoducto) fueron minimizados o ignorados porque los nativos de la zona contaban poco frente a los presuntos beneficios que iba a obtener todo el país. Por añadidura, hay malestar por los elevados costos del gas para la población y las actividades industriales reconvertidas al uso de gas. En suma, impactos ambientales negativos y magros beneficios económicos para las poblaciones locales son los dos puntos neurálgicos de la política minera y energética de los últimos gobiernos. Los impactos ambientales negativos tienen que ver con la contaminación y el agotamiento de los principales recursos naturales, como son el agua, aire y suelo. O con la competencia cuando algunos de estos recursos (el agua y el suelo fértil, por ejemplo) son escasos, tal como ocurrió en los casos del cerro Quilish y Tambogrande.
Ante ello, las comunidades se han organizado para defender su derecho a vivir en un mundo sano, un derecho que en el Perú avanza lentamente y que ha sido recogido en la Nueva Ley del Ambiente. Esta ley, sin embargo, sufrió recortes –como la remisión de la prueba y la creación de una autoridad ambiental autónoma– por presiones de la Sociedad Nacional de Minería y otros gremios empresariales.
La población está cada vez menos dispuesta a recibir beneficios económicos rápidos –muchas veces magros– a cambio de que sus aguas lleguen contaminadas o se agoten, como es el caso de Yanacocha en Cajamarca. O que sus hijos tengan plomo en la sangre a cambio de un puesto de trabajo, como es el caso de Doe Run en La Oroya. O que se imponga la minería, por encima de una actividad sostenible como la agricultura, como se pretendió con la empresa Manhattan en Tambogrande.
Esto es ignorado por la mayoría de los candidatos, que en materia de políticas de desarrollo sostenible y derechos ambientales andan de espaldas a la realidad.
(*) Sacerdote Diocesano. Coordinador del Área de Conservación y Desarrollo Ambiental de GRUFIDES, miembro del Comité Directivo de la Red Muqui y Columnista colaborador del diario La República.
P. Marco Arana Zegarra (*)
Fuente: Diario La República
En el gobierno que termina, la minería ha sido la actividad estrella de las exportaciones: más del 55% de las mismas se explican por el incremento de la producción del sector. A su vez, la subida de los precios de los metales en el mercado internacional ha dado rentas fabulosas a las empresas mineras. Sin duda, el crecimiento de las exportaciones debido a esta actividad es uno de los logros del régimen de Alejandro Toledo.
Sin embargo, algo ha ocurrido en el otro lado de la medalla. Los conflictos sociales más intensos que ha vivido el país en los últimos años (Tambogrande, Quilish, La Zanja, Tintaya, Majaz, La Oroya, etc.) han ocurrido en torno a la minería. Como ha reconocido el estudio del Banco Mundial ‘Riqueza y Sostenibilidad: Dimensión Ambiental y Social de la Minería en el Perú’ (Abril 2005): “La minería ve frenada sus expectativas de desarrollo en el país debido, principalmente, a los conflictos sociales generados por el daño al medio ambiente, por un lado, y por las limitaciones en el uso y distribución de los ingresos que deja, por el otro”.
Esta constatación puede extenderse al problema del gas de Camisea, donde los daños ambientales (daños que se han incrementado por las múltiples roturas del gasoducto) fueron minimizados o ignorados porque los nativos de la zona contaban poco frente a los presuntos beneficios que iba a obtener todo el país. Por añadidura, hay malestar por los elevados costos del gas para la población y las actividades industriales reconvertidas al uso de gas. En suma, impactos ambientales negativos y magros beneficios económicos para las poblaciones locales son los dos puntos neurálgicos de la política minera y energética de los últimos gobiernos. Los impactos ambientales negativos tienen que ver con la contaminación y el agotamiento de los principales recursos naturales, como son el agua, aire y suelo. O con la competencia cuando algunos de estos recursos (el agua y el suelo fértil, por ejemplo) son escasos, tal como ocurrió en los casos del cerro Quilish y Tambogrande.
Ante ello, las comunidades se han organizado para defender su derecho a vivir en un mundo sano, un derecho que en el Perú avanza lentamente y que ha sido recogido en la Nueva Ley del Ambiente. Esta ley, sin embargo, sufrió recortes –como la remisión de la prueba y la creación de una autoridad ambiental autónoma– por presiones de la Sociedad Nacional de Minería y otros gremios empresariales.
La población está cada vez menos dispuesta a recibir beneficios económicos rápidos –muchas veces magros– a cambio de que sus aguas lleguen contaminadas o se agoten, como es el caso de Yanacocha en Cajamarca. O que sus hijos tengan plomo en la sangre a cambio de un puesto de trabajo, como es el caso de Doe Run en La Oroya. O que se imponga la minería, por encima de una actividad sostenible como la agricultura, como se pretendió con la empresa Manhattan en Tambogrande.
Esto es ignorado por la mayoría de los candidatos, que en materia de políticas de desarrollo sostenible y derechos ambientales andan de espaldas a la realidad.
(*) Sacerdote Diocesano. Coordinador del Área de Conservación y Desarrollo Ambiental de GRUFIDES, miembro del Comité Directivo de la Red Muqui y Columnista colaborador del diario La República.
